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El gobierno sandinista de Daniel Ortega se esta quedando sin recursos económicos, debido a las múltiples sanciones de Estados Unidos y Canadá.
La policía nacional, el cual es el principal órgano represor del gobierno sandinista, es una de las instituciones que está sintiendo el peso de las sanciones y por tal razón tienen la obligación de aumentar las multas de tránsito.
La ley Nica Act, aprobada en el mes de diciembre afecto seriamente los préstamos internacionales que recibía el gobierno sandinista de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Si se lleva un plan de desobediencia civil, considerando la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana y sumando las sanciones de la Unión Europea, el panorama no es muy favorable para el gobierno sandinista.
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