El gobierno sandinista de Daniel Ortega tiene hasta el 20 de junio de este año, para aceptar la democratización del país, así lo ha confirmado el medio de comunicación Nicaragua Investiga.
Y es que resulta que desde que se aprobó la Nica Act el pasado mes de diciembre, en la ley se le da un plazo al secretario de estado Mike Pompeo, para que presente un informe sobre todos los funcionarios del gobierno de Ortega que estén involucrados en la represión o en actos de corrupción.
Todos esos funcionarios, incluyendo los hijos de Daniel Ortega, serían sancionados después de esa fecha con la ley Magnitsky Act, ley que sanciona financieramente a funcionarios de cualquier parte del mundo que haya cometido actos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos.
Actualmente ya existen varios sancionados con dicha ley, incluido el hijo preferido de Daniel, Laureano Ortega quien es acusado de utilizar su puesto en la agencia de inversiones ProNicaragua para beneficio personal.