La reacción del gobierno de Managua ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela ha sido cautelosa. Washington también ha señalado a Nicaragua como un punto de tránsito para el narcotráfico. La madrugada del 3 de enero, cuando se produjo la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro en Caracas, se sintió un impacto inmediato en la capital nicaragüense, especialmente en el Reparto El Carmen, residencia y oficina de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una zona fuertemente custodiada por policías y soldados. Los copresidentes guardaron silencio durante casi 14 horas tras el ataque autorizado por el presidente Donald Trump. Cuando finalmente se pronunciaron, lo hicieron con mucha cautela, sin recurrir a los típicos comunicados agresivos que suelen usar contra lo que llaman el «yankee invasor». En este caso, ni siquiera mencionaron al presidente estadounidense por su nombre, y el comunicado fue firmado por el «Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional» en lugar de ser firmado personalmente por Ortega y Murillo.
El primer comunicado oficial expresó su apoyo al llamado de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a defender la verdad, la justicia y la vida, y a exigir la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Después de esta declaración, se reforzó la seguridad en el complejo El Carmen, según fuentes cercanas al gobierno. También se observó un aumento de efectivos policiales en las calles de Managua, que desde las protestas de 2018 están bajo un estado de vigilancia constante. Además, se reportó la detención del periodista retirado Oswaldo Rocha, acusado de comentar sobre la caída de Maduro en redes sociales.
Maduro y Flores habían sido los aliados más cercanos de Ortega y Murillo, aunque la relación se había enfriado debido a las crisis políticas y económicas de ambos gobiernos. Las visitas del expresidente venezolano a Managua el 19 de julio, para conmemorar el aniversario de la Revolución Sandinista, habían disminuido, al igual que el apoyo económico de Caracas a Nicaragua, aunque ambos seguían siendo socios ideológicos. Hasta el momento, solo Rosario Murillo rompió el silencio, de manera muy medida, durante su intervención diaria. Mientras tanto, Jaime Hermida Castillo, el representante permanente de Nicaragua ante la ONU, expresó brevemente la solidaridad nicaragüense en el Consejo Permanente convocado por Colombia.
Murillo, en su declaración, expresó un tono confrontativo, destacando la hermandad con el pueblo venezolano y exigiendo justicia para Maduro y Flores, a quienes consideró secuestrados por Estados Unidos. Para los críticos de Ortega y Murillo, esta reacción no es sorprendente, ya que el gobierno de Trump, especialmente a través del Secretario de Estado Marco Rubio, considera a Nicaragua junto con Venezuela y Cuba como dictaduras que deben ser eliminadas. Además, Washington ha vinculado a Nicaragua como un país de tránsito para la cocaína proveniente de Venezuela.
En los antecedentes judiciales del caso contra Maduro, Nicaragua es mencionada como un punto de tránsito para el narcotráfico, particularmente en relación con un cargamento de cocaína que las FARC, guerrilla colombiana, iba a transportar a Nicaragua en 2009. Sin embargo, en la acusación actual contra Maduro, Nicaragua no es mencionada específicamente como un puente para el narcotráfico, aunque sí se hace referencia a «Centroamérica» como un corredor de drogas. Algunos analistas creen que en el juicio contra Maduro podrían salir a la luz más detalles que comprometan al régimen nicaragüense.
A pesar de que no se mencionan funcionarios del gobierno de Ortega-Murillo en los documentos judiciales de Estados Unidos, el Departamento de Estado designó a Nicaragua en 2025 como un «país clave en el tránsito de drogas». Esta designación ocurrió en un momento crucial, mientras Estados Unidos realizaba operaciones en el Caribe venezolano, justo antes de la gran operación militar que resultó en la captura de Maduro. Esta acusación socavó el principal argumento del gobierno de Ortega y Murillo sobre ser un «muro de contención» contra el narcotráfico, especialmente después de que se anunciara la salida de la DEA de Nicaragua en 2025 por la falta de cooperación del régimen.
Para el abogado y analista Juan Diego Barberena, el ataque en Caracas tiene un impacto directo en Managua, obligando a Ortega y Murillo a ver el ejemplo de Maduro, quien terminó preso por no querer abandonar el poder. Esta situación reconfigura los cálculos de poder y supervivencia del gobierno nicaragüense en medio de una creciente crisis interna.
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