El gobierno de Trump ha anulado todo lo creado, promovido y aprobado por la administración de Joe Biden, dentro de este paquete de ordenes ejecutivas que ha firmado, está la autorización para avanzar con deportaciones masivas y anular los programas de Parole que estaban disponibles.
La comunidad nicaragüense que ingresó a Estados Unidos mediante el programa de parole humanitario enfrenta una posible deportación debido al reciente endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.
Aproximadamente 100,000 migrantes nicaragüenses se beneficiaron de este programa, el cual les permitió entrar legalmente y de forma temporal al país, brindando una oportunidad a personas de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití para establecerse mientras se resolvían sus casos.
No obstante, con la ampliación de las facultades de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los migrantes que llegaron bajo este programa están ahora en peligro de ser deportados de manera rápida, aunque tengan vigente su permiso de 2 años para permanecer en el país.
Un memorando interno obtenido por The New York Times revela que ICE ahora cuenta con la autoridad para agilizar las deportaciones de migrantes, abarcando no solo a quienes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, sino también a aquellos que llegaron mediante programas como el parole humanitario implementado por la administración Biden.
Este cambio en las políticas afecta directamente a los nicaragüenses, así como a miles de migrantes de otras nacionalidades que ingresaron legalmente al país a través de este mecanismo.
La decisión de Trump de emplear todo el aparato de control migratorio, incluyendo la eliminación del parole humanitario, ha suscitado una ola de inquietudes.
Defensores de los derechos de los migrantes y activistas han denunciado estas acciones como un ataque contra quienes respetaron los procesos legales vigentes. Han señalado que sería injusto deportar a personas que cumplieron con los requisitos y procedimientos establecidos por la administración de Biden.
Las nuevas atribuciones otorgadas a ICE permiten acelerar los procedimientos de deportación sin garantizar una revisión judicial adecuada, lo que podría comprometer la estabilidad de miles de nicaragüenses que aún no han regularizado su situación migratoria en Estados Unidos.
Asimismo, los migrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades que ingresaron bajo el programa de parole se enfrentan al riesgo de perder su estatus de residencia temporal, quedando expuestos a una deportación expedita.
Esta situación ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que ya han interpuesto demandas en contra de la ampliación de los poderes de ICE.
